🤖 Un modelo innovador que cambó las reglas del juego laboral

En los últimos años, con la aparición de nuevas tecnologías, surgieron formas de trabajo que escapaban a los esquemas tradicionales. Una de ellas es la llamada economía de plataforma, que ha revolucionado sectores como el reparto y el transporte.

Empresas como Uber, Glovo o Deliveroo han crecido exponencialmente conectando a usuarios con trabajadores independientes a través de aplicaciones digitales. Pero junto al crecimiento vino el debate: ¿son realmente trabajadores autónomos o deberían considerarse asalariados? Porque si trabajan bajo algoritmos, sin libertad real ni medios propios, ¿no merecen también protección laboral?

🔒 El inicio del cambio: la jurisprudencia del Tribunal Supremo

En 2020, el Tribunal Supremo de España dio un paso decisivo. En la sentencia 805/2020, determinó que los repartidores de Glovo eran trabajadores por cuenta ajena, no autónomos.

El alto tribunal argumentó que existía dependencia (los riders seguían instrucciones, estaban sometidos a evaluación y supervisión) y ajenidad (no ponían sus propios medios ni asumían los riesgos del negocio). Glovo, decía la sentencia, «fija las condiciones esenciales de la prestación de servicios».

A partir de ahí se consolidó un principio clave: la presunción de laboralidad en la economía de plataforma.

📄 La Ley Rider: derechos laborales en la era digital

Para dar cobertura legal a esta nueva realidad, se aprobó la Ley 12/2021, de 28 de septiembre (conocida como «Ley Rider«). Esta norma modifica el Estatuto de los Trabajadores e introduce la presunción de laboralidad para quienes trabajan en plataformas digitales de reparto.

Esto significa que, salvo prueba en contrario, se considerará que existe una relación laboral cuando:

• La empresa digital organiza, dirige o controla la actividad del trabajador.
• Se utilizan algoritmos o plataformas para fijar condiciones.

La consecuencia es clara: los trabajadores dejan de ser autónomos y pasan a tener derechos laborales.

📈 Nuevos derechos para repartidores y conductores

Desde la entrada en vigor de la Ley Rider, los trabajadores de plataformas han ganado acceso a derechos fundamentales como:

• Alta en Seguridad Social: Cobertura por enfermedad, accidente o desempleo.
• Salario mínimo garantizado: Independientemente del número de servicios realizados.
• Vacaciones retribuidas: Derecho antes inexistente para autónomos.

Además, se establecen obligaciones específicas para las plataformas, como:

• Proveer un seguro de accidentes y responsabilidad civil para los repartidores.
• Ofrecer formación gratuita en seguridad vial y normativa de tráfico.
• Facilitar información clara sobre cada pedido: dirección, importe, condiciones.
• Informar sobre medidas de prevención sanitaria y realizar evaluaciones de riesgos laborales.

Estos avances suponen una mejora evidente en las condiciones de trabajo, aunque también implican nuevos costes y adaptaciones para las empresas tecnológicas.

🇪🇺 Europa se pronuncia: nueva directiva comunitaria

En abril de 2024, el Parlamento Europeo aprobó una directiva que refuerza aún más la protección de los trabajadores de plataforma.

Esta norma introduce también la presunción de laboralidad: si hay indicios de control por parte de la plataforma, se presume la existencia de relación laboral, y corresponde a la empresa demostrar lo contrario.

🕷️ Protección frente a los algoritmos

Uno de los puntos más innovadores de esta directiva es que prohíbe tomar decisiones laborales sólo mediante algoritmos, sin intervención humana. No se podrá:

• Despedir a un trabajador automáticamente.
• Modificar condiciones laborales sin justificación ni diálogo.

También se limita el uso de datos personales sensibles, como creencias, vida privada o conversaciones internas.

🌟 Transparencia y justicia

Esta normativa se enmarca en una estrategia europea por garantizar condiciones laborales más justas, especialmente para trabajadores precarios, temporales o sin contrato fijo.

⏳ ¿Cuándo se aplicará en España?

La directiva europea debe ahora ser formalizada por el Consejo y, una vez aprobada, los Estados miembros tendrán dos años para adaptarla a su legislación nacional. Esto significa que en España podría estar plenamente vigente hacia 2026.

🤔 Conclusión: un nuevo contrato social para la era digital

La regulación de la economía de plataforma está cambiando. Y debe hacerlo. Porque los avances tecnológicos no pueden construirse sobre modelos de precariedad e indefensión laboral.

La jurisprudencia, la Ley Rider y ahora la directiva europea apuntan hacia un mismo camino: reconocer que quien trabaja como empleado debe ser tratado como tal, con todos sus derechos.

En ABOGAD@S 5.0, asesoramos a repartidores, conductores y profesionales del sector para que conozcan sus derechos, puedan reclamarlos y protejan su situación legal.

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Porque en la era de los algoritmos, los derechos humanos y laborales siguen siendo esenciales.